El Tribunal del Mar fijó audiencias en el caso de Argentina contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas
Sea Lion en el centro de la polémica para las audiencias del 10 y el 11 de noviembre en el Tribunal de Mar.
El organismo con sede en Hamburgo programó las presentaciones sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para frenar el proyecto Sea Lion.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó el 10 y 11 de noviembre de 2026 como las fechas para las audiencias orales en el caso que Argentina presentó contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur. Mediante una orden firmada este martes por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el tribunal con sede en Hamburgo puso en marcha el reloj procesal para decidir si frena el proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.
La decisión llega exactamente una semana después de que el gobierno de Javier Milei presentara su solicitud de medidas provisionales, el 13 de octubre, y marca el ritmo acelerado que suelen tener estos procedimientos de urgencia.
Según un comunicado oficial del tribunal, las audiencias se celebrarán en la sala principal del organismo, serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del ITLOS. Los miembros del cuerpo diplomático, la prensa y el público en general pueden registrarse con anticipación para asistir de forma presencial. Con las vistas orales fijadas para el 10 y 11 de noviembre, el tribunal deberá evaluar si tiene jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas solicitadas son proporcionales.
Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido. Una vez constituido, el tribunal arbitral del Anexo VII podrá mantener, modificar o dejar sin efecto las medidas provisionales.
De manera puntual, Argentina pide que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.